Lo esencial del fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia convalidó la constitucionalidad de la pesificación en el caso puntual de una grupo de ahorristas de Entre Ríos (siempre la Corte en Argentina se refiere a un caso, de otro modo estaría legislando).
Desde que se conoció el fallo hemos leído y escuchado las más variadas interpretaciones, casi todas referidas a si es justo o no, o si “perdieron los ahorristas”, o si los que tuvieron el beneficio de los amparos van a tener que devolver la diferencia de los dólares que recibieron.

 
En mi opinión, y sin restarle importancia a los reclamos y derechos de los damnificados, creo que debemos centrarnos en la esencia de lo que significa el fallo y no tanto en las consecuencias monetarias individuales ni coyunturales. La esencia del fallo dice que es constitucional haber tomado medidas que provocaron un caos económico, jurídico y, sobre todo, institucional sin precedentes.

 
La tranquilidad que existía tanto por la Ley de Convertibilidad como por la de intangibilidad de los depósitos, se violó con la devaluación que se hizo para sacarles la competencia a algunas empresas para sustituir importaciones, a otras empresas al licuar sus pasivos, y especialmente al propio Estado, al congelar los sueldos públicos y obtener mayores ingresos, solucionando así el déficit fiscal.

 
Como esto generaba asimetrías e imposibilidades de pago, se tomó la decisión insólita de pesificar, generando nuevas asimetrías, más reclamos y juicios contra el Estado y los bancos. Se arreglaba un desaguisado con otro. Pero no alcanzaba, porque sabiendo que podía ser declarado ilegal, se necesitaba que la Corte, que es quien interpreta la Constitución, lo declarara constitucional. Hizo falta entonces un tercer desaguisado, que fue cambiar los integrantes de la Corte, en lo que se denominó “depuración”.

Por esto es que me refiero a la esencia del fallo de la Corte. Si a la semana siguiente del Decreto pesificador se lo hubiera anulado o cambiado, se podía quizás salvar la situación. Pero a esta altura, luego de casi tres años, es muy difícil medir si las consecuencias no serían otro desaguisado en lo económico y nuevamente en los derechos de propiedad. Esto no significa desconocer los derechos de los ahorristas, que por supuesto los tienen y creo que deben seguir reclamando.

 

A lo que me refiero es a la oportunidad histórica que perdimos en Argentina de que la Corte le dijera a los gobiernos venideros que no, que no se puede hacer cualquier cosa, porque no es acorde a derecho, y no se trata de pretender resolver un error provocando otro. El tema principal que debemos resaltar no es entonces cómo pesificar o des-pesificar, ni tampoco la ingeniería financiera que permitiría hacer cumplir un fallo en contrario a éste de la Corte.

 

Han pasado ya poco menos de tres años en los cuales hubo numerosas transferencias de ingresos y de capitales entre los actores económicos. Está claro que se podría haber tratado de recomponer no ya la totalidad de las asimetrías sino aquellos casos en los que los derechos de propiedad fueron más gravemente violados.

 

Sin embargo, lo más importante a mi entender es la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y las Instituciones, que están por encima de decisiones coyunturales. Esto significa que lo principal era esperar por parte de la Justicia que dijera que es inconstitucional, y así lo dejara claro en los considerandos, aún si después resolviera poner ciertos límites a sus consecuencias estrictamente económicas.
En la Argentina reciente la irresponsabilidad con que se tomaron medidas que dieron por tierra con la seguridad jurídica, se quebraron contratos y se generó una enorme desconfianza en el país y sus instituciones deberían ser desterradas para siempre. De otra forma es difícil suponer que con semejante inseguridad jurídica se puedan generar las inversiones que el país necesita para salir adelante no ya en el corto plazo, y mejorar la ocupación y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

 

César Rodríguez
Economista

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